España necesita reducir la economía sumergida, consolidar la fiscalidad, racionalizar las administraciones y hacer sostenible las pensiones

El sistema financiero español tiene exceso de concentración y dimensión que requieren una reconversión, según el miembro de la RADE Rafael Morales-Arce

España necesita reducir la economía sumergida, consolidar la fiscalidad, racionalizar las administraciones y hacer sostenible las pensiones

MADRID (13-07-16).- Reducir la economía sumergida, que supera un 20 por ciento del PIB; asumir un proceso de consolidación fiscal para cumplir, en un plazo razonable, el 60 por ciento de deuda pública acumulada y un déficit público del 3 por ciento del PIB; racionalizar las administraciones públicas y conseguir la sostenibilidad de las pensiones públicas, son las recomendaciones de política económica expresadas por el doctor Rafael Morales-Arce en la sesión “Dos retos para España: control del endeudamiento público y racionalidad en la financiación privada”, organizada por la sección de Ciencias Políticas y de la Economía, de la Real Academia de Doctores de España (RADE).

La deuda publica de España alcanza el ciento por ciento del PIB, pero la deuda real y acumulada llega al 130 por ciento, “porque hay que añadir los pasivos en circulación, con el coste que ha supuesto el saneamiento del sistema financiero hasta ahora, ciertos avales y garantías y otros pagos que computan en la definición oficial de deuda acumulada”, comenzó diciendo el conferenciante, que fue presentado por el presidente de la RADE, Jesús Álvarez Fernández-Represa. Al sistema financiero le ocurre algo parecido, pero con más intensidad, porque supone entre tres y media y cuatro veces el PIB de España en un año. “Eso quiere decir que una crisis como la ocurrida va a cursar sobre nosotros durante un largo periodo de tiempo”, añadió.

La situación de la deuda y de la financiación está afectada por cuestiones como: el precio del petróleo, que los presupuestos generales del Estado han estimado en 43 dólares/barril para 2016; la crisis en China, cuya deuda pública tiene grandes probabilidades de impago de un 40 por ciento; bajos tipos de interés por la expansión monetaria económica, a lo que hay que sumar el Brexit, los procesos electorales en Francia, Alemania y Estados Unidos, que pueden alterar la geopolítica mundial, sin contar el español, además del auge del populismo.

Recordó Morales-Arce que la deuda pública en España es un tema endémico, y que a lo largo de la historia se han vivido trece episodios de suspensión de pagos: el primero con Carlos V y el último en 1939. El montante actual de la deuda pública es de un millón noventa y cinco mil millones de euros. La deuda, de la que es responsable el Estado que autoriza a endeudarse, se distribuye así: el 75,7 por ciento es de la administración central, un 20,3 de las comunidades autónomas, un 2,7 de las comunidades locales, y un 1,3 de la Seguridad Social. La cuantía de la deuda por ciudadano es de 23.500 euros.

Previsiones muy optimistas

Según las previsiones del escenario macroeconómico del Gobierno, que Morales-Arce consideró muy optimista, la deuda descendería al 98,5 por ciento este año, al 96,5 en 2017 y al 93,5 en 2018. Los nuevos objetivos de déficit púbico, que también repercuten en la deuda, prevén que llegará al 3,6 por ciento este año, al 2,9 en 2017, al 2,20 en 2018 y al 1,60 en 2019.

La situación de la deuda se debe, continuó, al exceso de gasto público. Los presupuestos generales del Estado prevén casi 352.000 millones de gastos y 299.000 millones de ingresos, que suponen una diferencia de 53.000 millones, un 5 por ciento de déficit.

Entró el ponente en el capítulo de propuestas para mejorar la situación descrita. En primer lugar, lucha sin cuartel contra la economía sumergida, que se estima en 253.000 millones de euros, la cuarta parte del PIB. En cuatro años se podrían recaudar, según los técnicos, 40.000 millones más que ahora, “que nos dejaría bastante cerca de los 53.000 millones de déficit”, apuntó.

Racionalizar los niveles de las administraciones públicas fue la segunda propuesta. “Si entre cuatro y diez años reducimos la superposición de administraciones, podríamos ir aminorando el problema entre la central y las autonómicas, que son el origen de muchas de las irracionalidades que se están cometiendo”.

La tercera medida es poner en marcha un proceso de consolidación fiscal, que requerirá subir los impuestos. En este punto, comentó Morales-Arce que los ricos en España son un 2 por ciento de la población, y tienen facilidad de marcharse a otros lugares. Hace falta, destacó, una gran sensibilización fiscal para que todos paguen los impuestos, y para que haya una actuación más razonable con determinados tributos indirectos, como el IVA, que tildó de escandalosos y poco convincentes en algunos casos. Y otra sugerencia fue que se busque la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas, “sin olvidar que el gasto social supera el 51 por ciento del gasto consolidado del Estado”, precisó.

Endeudamiento excesivo

Al abordar de forma específica la situación del sistema financiero, el conferenciante manifestó que el entorno económico y el financiero son contrapuestos. Hay exceso de endeudamiento corporativo empresarial y de las familias con elevado riesgo financiero, y unas políticas fiscales que lo perturban, por lo que se precisa que la UE armonice las normas sobre el exceso de crédito y la morosidad, que son diferentes en los países europeos.

El sistema financiero español, dijo Morales-Arce, acredita un exceso de concentración y dimensión que requiere, igualmente, un proceso de reconversión que haga posible la limpieza de los balances, la reducción de la tasa de morosidad y el aumento del ratio de eficiencia, la diferencia entre el margen ordinario y los costes operativos, que hoy incumplen todas las grandes entidades. Se necesitaría también iniciar con urgencia una autocrítica del negocio bancario, que ya viene sufriendo la competencia de la banca digital; así como mejorar la rentabilidad del negocio y contrarrestar la competencia de la denominada "banca en la sombra". Sugirió también el conferenciante que se mejore la reputación del sistema, perdida durante la crisis al haber actuado en fraude de ley. “Si todo esto se consigue en tres o cuatro años, la banca podría recuperar el prestigio y la solvencia que tuvo hace tiempo”, aseguró.

Es muy probable, dijo el ponente, que el G-20 y la UE no tarden en elevar los requisitos, en especial a las grandes entidades financieras, para exigirles un "colchón de capital" que les ponga a cubierto de futuras insolvencias. “Por ello, el Mecanismo Único de Supervisión y el Banco Central Europeo deberán completar todos los requerimientos de control de las entidades y de creación del denominado fondo de garantía de depósitos, que, a nivel europeo, estaría constituido en 2024, fecha muy tardía a nuestro juicio”.

A preguntas formuladas por los asistentes durante el coloquio, el profesor Morales-Arce declaró que no debe existir banca pública, porque está desacreditada y sería una fuente de corrupción mayor que la que ya hemos vivido y nos ha costado cien mil millones de euros que están en la deuda pública acumulada.