Las pensiones públicas españolas deberán reducirse y complementarse con otros métodos de financiación

La profesora Ana de Vicente y el profesor y académico Eugenio Prieto analizaron las reformas necesarias en el sistema de la Seguridad Social en una sesión de la Real Academia de Doctores de España

Las pensiones públicas españolas deberán reducirse y complementarse con otros métodos de financiación

MADRID (03-07-16).- La reforma del sistema español de pensiones es ineludible, y el cambio deberá comportar que la cobertura pública sea menor y que se fomenten fórmulas para complementar la pensión, opina la doctora Ana de Vicente Merino, catedrática de Economía Financiera y experta conocedora de la Seguridad Social, que junto al doctor Eugenio Prieto Pérez, académico de número de la Real Academia de Doctores de España (RADE) y catedrático de la misma especialidad que su colega, participaron en la mesa redonda “Financiación del sistema de pensiones. La necesidad de realizar profundas modificaciones en el sistema de pensiones públicas”, organizada por la sección de Ciencias Políticas y de la Economía de la corporación.

Con una larga trayectoria profesional en diferentes cargos relacionados con la Seguridad Social, y la experiencia de haber sido “uno de los grandes artífices del Pacto de Toledo”, como la presentó el doctor Prieto, la profesora De Vicente recordó que se han hecho muchas reformas cuando se han producido desequilibrios, como la de 1966, cuando se pasó del sistema de capitalización al de reparto, porque las reservas que quedaban no cubrían ni dos meses de pensiones.

Cuando se creó el sistema de Seguridad Social, aseguró, la esperanza de vida media tras los 65 años era de siete, y ahora llega a 20. Las cotizaciones cubrían pensiones, asistencia sanitaria, servicios sociales y alguna otra cosa. Hoy sanidad, servicios sociales y parte de las pensiones mínimas se pagan con impuestos. “La conclusión es que se necesita una reforma de fundamento”, subrayó.

Hay 16 millones de cotizantes y nueve de pensionistas. De estos, el 61 por ciento son de jubilación y el resto de viudedad, y un 27 por ciento de todas las pensiones tienen un complemento para llegar a la mínima, que lo paga el Estado con cargo a impuestos.

En 2015, prosiguió De Vicente, con un 3 por ciento más de afiliados a la Seguridad Social, las cotizaciones crecieron solo un 1,3 debido a los bajos salarios, las bonificaciones y las deducciones.

En España se han hecho modificaciones en la parte del gasto, como aumentar los años de cotización para calcular la base reguladora, prolongar la edad de jubilación de forma progresiva hasta los 67 años, endurecer las condiciones de prejubilación, fomentar el alargamiento de la actividad laboral, desvincular las pensiones del IPC e introducir un factor de sostenibilidad. Tras criticar por “rocambolescos” algunos de estos cambios, De Vicente señaló algunas singularidades del sistema en comparación con el resto de Europa. La tasa de sustitución, la pensión que cobra un jubilado en comparación con su último sueldo como trabajador, es del 90 por ciento en España, mientras que en la UE se sitúa en el 87 de media. En Europa se han desarrollado mucho los planes complementarios, muchas veces sostenidos por las empresas, mientras que en España este método es minoritario y las pensiones son básicamente públicas. Otro rasgo del sistema español es que los trabajadores pagan menos que en Europa: del 28,3 por ciento de cotización del régimen general, un 4,80 lo paga el trabajador y un 24, el empresario. Las últimas reformas, añadió, no han servido para corregir problemas estructurales de un sistema sobredimensionado en la acción protectora.

Los ciudadanos creen que todo lo que pagan con sus cotizaciones es para pensiones; pero no es así, porque una parte se destina a sanidad y otros gastos sociales. Para equilibrar la situación, dijo la ponente, habría que pagar un 45 por ciento. “En resumen, tenemos un sistema caro y problemas de financiación, porque cada vez hemos traspasado más gastos a los presupuestos generales del Estado”.

Apuntó De Vicente que todos los partidos coinciden en que el mayor problema es la insuficiencia de recursos a medio y largo plazo, el envejecimiento y el empleo con bajos salarios, y encomiendan encontrar una solución consensuada en el Pacto de Toledo. Según el Banco de España se necesitan nuevas fuentes de financiación y que se informe a los trabajadores de su posible pensión, para que puedan activar mecanismos de seguro y ahorro que complementen el sistema público. Por otro lado, el informe sobre la reforma fiscal de 2014 recomienda utilizar el IVA como fuente de financiación, a cambio de reducir la cotización de las empresas. “He oído que algunos partidos abogan por volver a financiar algunas prestaciones a través de los presupuestos generales del Estado; pero esas pensiones tendrán que ser iguales para todo el mundo. Y el PSOE propone introducir un impuesto finalista, un modelo que en Francia recae sobre rentas de trabajo y de capital, porque con aumentar el empleo no es suficiente. En todo caso, lo imprescindible es un pacto con los agentes sociales e instituciones. A mí me parece que el futuro es establecer un margen para que haya un sistema público menor, y empezar a fomentar los sistemas complementarios”, afirmó. Otro problema, como puntualizó durante el coloquio, es que “nadie se va a atrever a reconocer que el nivel público de las pensiones tiene que bajar”.

Armonizar, objetivo complejo

El doctor Eugenio Prieto recordó que se ha fijado el año 2020 para alcanzar la armonización de los sistemas, entre los que figura el de las pensiones; “pero hacerlo bien es muy complejo. Hay que repensarlo, no solo para que no haya obstáculos a la competitividad, sino porque la dificultad mayor vendrá de los cambios en el trabajo, la familia, los valores, la oferta y la demanda. El mundo se ha globalizado, y no se puede ignorar, y hay que adaptarlo todo a ese fenómeno”.

“El problema es que la experiencia de los últimos años cada vez va a servir menos para organizar el futuro”, precisó el académico de la RADE. Los alemanes se han adelantado para que las pensiones sean a la carta. Un alemán percibe menos de 750 euros mensuales a los 65 años por su sistema público de pensiones, computando doce meses al año; y en España estamos en 900, con catorce pagas. Forzosamente habrá que armonizar esos sistemas actuando sobre la financiación. Pero el mayor problema es el déficit. El del fondo de pensiones español fue de un 1,27 por ciento del PIB en 2015, unos 11.000 millones de euros. Según el informe de sostenibilidad de la Comisión Europea, en el horizonte de 2060 ese porcentaje se mantendrá si no se modifica el sistema de prestaciones y se cumple el crecimiento previsto del PIB. Por lo tanto, hay que reformar el sistema de ingresos y no perpetuar el 28,2 por ciento de cotización. Y para que los jóvenes puedan cobrar una pensión, en un plazo máximo de 25 años hay que ir a un reparto de capitales de cobertura, propuso Prieto.

En el coloquio, la doctora De Vicente advirtió que hay que estudiar el sistema en profundidad para decidir cuál ha de ser la parte pública y la privada de las pensiones. Quizá, como ocurre en Europa, deberán ser las empresas las que financien una parte de la pensión en forma de capitalización. En su opinión, son dos las medidas que se van a tomar de manera inmediata: un tipo de cotización adicional que van a pagar todas las rentas, del trabajo y del capital, y que algunas prestaciones pasen a cargo de los presupuestos generales del Estado, como las de viudedad. En este caso, argumentó, tendrán que cambiar las reglas para que la pensión sea igual para todos.

Arguyó Prieto que, como destaca el informe de sostenibilidad de la UE, el déficit español se debe a los tres millones y medio de personas que han perdido su empleo; pero esa situación se puede ir remontando y es muy posible que se cumpla el objetivo de 20 millones de población ocupada en 2020. “Estamos en un mundo globalizado, no lo olviden, y cuanto más tiempo pase para armonizar estructuralmente el tema de las pensiones, más problemas tendremos”, concluyó. Sin embargo, De Vicente mostró sus dudas de que se puedan armonizar los sistemas de pensiones de los distintos países europeos en un plazo razonable.